El texto aprobado en el Senado prevé que los compromisos asumidos en el ámbito de las escuelas podrán sustituir total o parcialmente el pago de las concesiones para el uso del espectro.
Crédito: Layo Stambassi (Ascom/MCom)La Comisión de Ciencia,Tecnología,Innovación e Informática (CCT) del Senado de Brasil aprobó,en decisión final este miércoles 24 de junio,un proyecto de ley que amplía la posibilidad de exigir inversiones por parte de las operadoras de telecomunicaciones en acciones de interés público,con énfasis en la universalización del acceso a Internet en escuelas públicas.
El PL 786/2023,de autoría del senador Flávio Arns (PSB-PR),recibió dictamen favorable con ajustes de la senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB). Si no hay recurso para su análisis en el Pleno,la propuesta seguirá a la Cámara de Diputados.
El texto refuerza,no obstante,que la aplicación de compromisos de inversión ya es un instrumento regulatorio en el sector,permitiendo que la concesión de autorizaciones para servicios de telefonía móvil,la adaptación de concesiones de telefonía fija y el uso de radiofrecuencias pueda estar condicionada a obligaciones asumidas por las operadoras.
Así pues,según el dictamen de la ponente,en las autorizaciones para uso de radiofrecuencias,estos compromisos podrán sustituir total o parcialmente el pago de las concesiones. La misma lógica deberá aplicarse en eventuales prórrogas del derecho de uso de esas bandas.
El tema también cobró relevancia en el ámbito del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU),que en abril determinó la centralización de las políticas públicas de conectividad en las escuelas,tras la identificación de diversas iniciativas superpuestas,que actuaban de forma independiente y aislada,dificultando el seguimiento por parte del gobierno.
Varias determinaciones quedaron formalizadas en un acuerdo entre el órgano y los ministerios de Comunicaciones (MCom),de Educación (MEC),de Ciencia,Tecnología e Innovación (MCTI) y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).
Según el texto aprobado por la CCT,la Anatel será responsable de reglamentar los compromisos,observando principios como razonabilidad,proporcionalidad,igualdad y libertad económica.
Entre las medidas previstas está la posibilidad de exigir la instalación y mantenimiento de conexión de banda ancha en todas las escuelas públicas de educación básica ubicadas en las áreas cubiertas por las concesiones.
Los recursos también podrán ser destinados a otros proyectos de interés colectivo,como la expansión de infraestructura de telecomunicaciones,servicios de salud y acciones de asistencia social,además de iniciativas orientadas a la reducción de desigualdades regionales.
El informe aprobado también retiró del proyecto la previsión de reducción de las contribuciones al Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (Fust) para las empresas que cumplan los compromisos de inversión.
Según la ponente,este mecanismo ya estaría contemplado en las reglas actuales de contrapartidas y su mantenimiento podría reducir la recaudación del fondo.
Con información de la Agencia Senado
